Según estimaciones del Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en relación a los estudios de carga de enfermedad y carga atribuible realizados en 2007, tras 10 años del terremoto de la zona centro sur de Chile en 2010, 1/3 de la población afectada continuaría con Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT).
Trastorno por Estrés Postraumático
Respecto a los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVISA), que combina el número de años de vida perdidos por muerte prematura (componente de mortalidad) y los años de vida vividos con discapacidad (componente de calidad de vida), tras dicho terremoto en Chile, el TEPT podría llegar al lugar Nº6 del ranking (de entre 160 enfermedades), siendo mayor dicho porcentaje que ante accidentes de tránsito, agresiones, enfermedades cardiovasculares o diabetes.
Respecto a la comorbilidad en TEPT, es decir, la presencia de otros diagnósticos psiquiátricos (Depresión Mayor, Abuso de Sustancias, Episodios Maníacos, Fobias, Trastornos de Ansiedad), se estima en un 80% y un 20% intentará suicidio.
Desde una mirada económica, según los últimos datos de la aseguradora Munich Re, las pérdidas estimadas provisionales producto de catástrofes naturales, llegaron a USD 270 000 millones a nivel mundial en los últimos cinco años (2017-2021). Además, de las muertes relacionadas a desastres provocados por condiciones atmosféricas, el 91% de éstas se produjo en países con economías en desarrollo (según la clasificación de países de Naciones Unidas). Por su parte, el Banco Mundial estima que para el año 2030, el cambio climático habrá arrastrado a otros 100 millones de personas a la pobreza extrema.
Situación en nuestro país
En Chile, dada la sistemática ocurrencia de desastres naturales, se cristaliza a ojos de legos y letrados el hecho de que mientras más pobre es una comunidad, aumenta su riesgo de exposición a las consecuencias económicas y psicosociales de un desastre. Sus condiciones precarias de infraestructura, asentamiento en lugares de alto riesgo, escaza cobertura en salud, educación y asistencia social, aislamiento muchas veces y un largo etcétera de factores psicosociales de riesgo, les vuelve mayormente susceptibles no sólo a padecer con rudeza el primer impacto del evento crítico, sino que también dificulta con creces su capacidad de resiliencia, rehabilitación y reconstrucción a mediano y largo plazo.
Ahora bien, si consideramos que factores de buen pronóstico son el contar con un inicio precoz del tratamiento, apoyo social temprano, ausencia de retraumatización, poseer un buen funcionamiento pre mórbido y la ausencia de otros trastornos psiquiátricos, la prevención de consecuencias económicas y psicosociales para las comunidades, se vuelve materia de políticas públicas en salud y bienestar longitudinales y abarcando todo el ciclo vital de las personas, más allá de aquellas que responden exclusivamente a eventos críticos.
Basándose en dicha evidencia, el trabajo que con Psicólogos por Chile venimos realizando desde el impacto del terremoto de 2010, reúne un background de conocimientos técnicos y experiencia para dar respuesta no sólo en la fase de impacto de un desastre.
Creemos que es necesario promover, potenciar e incentivar el bienestar y la salud mental como factor de desarrollo social, como una manera de dar respuesta a largo plazo a este tipo de situaciones.
Si además consideramos una emergencia o un desastre, como la ocurrencia de un evento crítico (hecho que irrumpe abruptamente, perturba las diferentes dimensiones de vida de la persona y requiere el despliegue de mecanismos no usuales de afrontamiento), el abanico de sucesos ante los cuales se verá expuesta la población, se multiplica.
Esto último, vuelve aún más urgente la necesidad de promover el bienestar y la salud mental, dando materialización a políticas públicas que el estado en su conjunto no logra satisfacer por la escasez de sus presupuestos (sólo el 2,4 del PIB se destina en Chile a salud mental).
Creemos que como representantes de la sociedad civil, tenemos por tanto una importante labor y que, al dar respuesta donde el estado muchas veces no llega, contribuyendo a sostener la salud de nuestros conciudadanos, requiere con urgencia el establecimiento permanentemente de financiamientos que nos permitan continuar funcionando y preparando a nuestros voluntarios.
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