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La Ley de Inclusión Escolar N° 20.845, promulgada en 2015 en Chile, marca un hito en el sistema educativo al establecer principios de equidad y gratuidad, eliminando el lucro en colegios subvencionados y promoviendo procesos de admisión más inclusivos. Esta normativa busca garantizar que todos los estudiantes, sin importar su origen socioeconómico, puedan acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones.
En este artículo, con el apoyo de la Mg. EDI. Karin Murillo, exploramos los principales objetivos, beneficios y desafíos de esta ley que transforma el panorama educativo chileno.
La Ley N° 20.845, promulgada en Chile el 8 de junio de 2015, regula el sistema educativo para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Introduce reformas en los procesos de admisión escolar, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en colegios subvencionados por el Estado, buscando reestructurar la gestión de recursos y promover la equidad en el acceso.
Esta ley responde a la necesidad de enfrentar desigualdades históricas en el sistema educativo, donde sectores de menores recursos tenían acceso limitado a instituciones de calidad. Su objetivo es garantizar que los recursos públicos destinados a la educación beneficien directamente a los estudiantes, estableciendo un marco de justicia social y cohesión democrática.
Busca erradicar prácticas discriminatorias y consolidar un sistema educativo equitativo, donde todos los estudiantes—sin importar su condición socioeconómica—accedan a educación de calidad. Sus principales medidas son:
Se prohíbe el lucro en establecimientos subvencionados, asegurando que los fondos estatales se destinen exclusivamente a infraestructura, materiales pedagógicos y remuneraciones. La Superintendencia de Educación fiscaliza rigurosamente este mandato.
“Muchas veces, la fiscalización no es constante, lo que dificulta asegurar el cumplimiento de todos los objetivos de la ley en algunos establecimientos.”
— Mg. EDI. Karin Murillo
La eliminación progresiva del financiamiento compartido permite que las familias accedan gratis a colegios subvencionados, complementado con becas, subsidios y apoyos pedagógicos que fomentan la permanencia estudiantil.
Se regulan los procesos de admisión para que sean objetivos y transparentes, priorizando criterios como cercanía geográfica, hermanos en el establecimiento y necesidades educativas especiales, evitando discriminación por rendimiento previo o nivel socioeconómico.
“Antes, muchos establecimientos seleccionaban según un perfil; ahora se asegura mayor apertura a la diversidad.”
— Karin Murillo
La eliminación de barreras económicas favorece la inclusión social y la movilidad al permitir el acceso de sectores antes excluidos.
La gratuidad progresiva libera recursos familiares y fortalece infraestructura, dotación pedagógica y capacitación docente, impulsando metodologías inclusivas centradas en el alumno.
“Las familias ahora tienen mayor apertura para elegir instituciones que se ajusten a sus necesidades, algo antes menos tangible.”
— Mg. EDI. Karin Murillo
Entre los desafíos están la resistencia al cambio, la necesidad de fortalecer la fiscalización y la adaptación de infraestructura—especialmente en zonas rurales—, así como la formación continua de los docentes.
“La infraestructura es un desafío crítico en áreas rurales, donde las condiciones limitan metodologías activas y respuesta a la diversidad.”
— Karin Murillo
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