¿Qué es la Ley de Inclusión Escolar?
La Ley N° 20.845, promulgada en Chile el 8 de junio de 2015, regula el sistema educativo para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Introduce reformas en los procesos de admisión escolar, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en colegios subvencionados por el Estado, buscando reestructurar la gestión de recursos y promover la equidad en el acceso.
Historia y propósito principal
Esta ley responde a la necesidad de enfrentar desigualdades históricas en el sistema educativo, donde sectores de menores recursos tenían acceso limitado a instituciones de calidad. Su objetivo es garantizar que los recursos públicos destinados a la educación beneficien directamente a los estudiantes, estableciendo un marco de justicia social y cohesión democrática.
Objetivos de la Ley de Inclusión Escolar
Busca erradicar prácticas discriminatorias y consolidar un sistema educativo equitativo, donde todos los estudiantes—sin importar su condición socioeconómica—accedan a educación de calidad. Sus principales medidas son:
1. Fin al lucro en colegios subvencionados
Se prohíbe el lucro en establecimientos subvencionados, asegurando que los fondos estatales se destinen exclusivamente a infraestructura, materiales pedagógicos y remuneraciones. La Superintendencia de Educación fiscaliza rigurosamente este mandato.
“Muchas veces, la fiscalización no es constante, lo que dificulta asegurar el cumplimiento de todos los objetivos de la ley en algunos establecimientos.”
— Mg. EDI. Karin Murillo
2. Gratitud educativa
La eliminación progresiva del financiamiento compartido permite que las familias accedan gratis a colegios subvencionados, complementado con becas, subsidios y apoyos pedagógicos que fomentan la permanencia estudiantil.
3. Admisión transparente
Se regulan los procesos de admisión para que sean objetivos y transparentes, priorizando criterios como cercanía geográfica, hermanos en el establecimiento y necesidades educativas especiales, evitando discriminación por rendimiento previo o nivel socioeconómico.
“Antes, muchos establecimientos seleccionaban según un perfil; ahora se asegura mayor apertura a la diversidad.”
— Karin Murillo
4. Restricciones a los sostenedores
- Prohibición del lucro: Los recursos públicos solo pueden usarse para fines educativos.
- Constitución legal: Deben registrarse como organizaciones sin fines de lucro.
- Fiscalización: La Superintendencia de Educación supervisa el correcto uso de recursos.
- Rendición de cuentas: Informes detallados para la comunidad y autoridades.
Beneficios para estudiantes y familias
Acceso igualitario
La eliminación de barreras económicas favorece la inclusión social y la movilidad al permitir el acceso de sectores antes excluidos.
Educación gratuita y de calidad
La gratuidad progresiva libera recursos familiares y fortalece infraestructura, dotación pedagógica y capacitación docente, impulsando metodologías inclusivas centradas en el alumno.
“Las familias ahora tienen mayor apertura para elegir instituciones que se ajusten a sus necesidades, algo antes menos tangible.”
— Mg. EDI. Karin Murillo
Retos en la implementación
Entre los desafíos están la resistencia al cambio, la necesidad de fortalecer la fiscalización y la adaptación de infraestructura—especialmente en zonas rurales—, así como la formación continua de los docentes.
“La infraestructura es un desafío crítico en áreas rurales, donde las condiciones limitan metodologías activas y respuesta a la diversidad.”
— Karin Murillo
Bibliografía
- Chile. Ministerio de Educación. (2015). Ley N° 20.845: Ley de Inclusión Escolar. Recuperado de https://www.mineduc.cl/
Valoraciones