La violencia sexual es una problemática compleja que trasciende edades, géneros y contextos, con un impacto devastador tanto en víctimas menores de edad como en adultos. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 6 hombres han sido víctimas de violencia sexual en algún momento de sus vidas, con un porcentaje significativo de agresores que pertenecen al círculo cercano de la víctima, como parejas, familiares o conocidos. Los perfiles de agresores sexuales son diversos y abarcan desde quienes cometen delitos contra menores, como los pedófilos, hasta aquellos que agreden en contextos laborales, académicos o comunitarios, a menudo aprovechándose de relaciones de poder o confianza. Asimismo, los agresores desconocidos representan un porcentaje menor, pero no menos grave, de los delitos sexuales, y suelen recurrir a la violencia física o amenazas para consumar el abuso. En el ámbito de la explotación sexual, tanto de adultos como de menores, las redes criminales y los proxenetas constituyen un grupo significativo de agresores, evidenciando la magnitud estructural del problema.
En Chile, las cifras reflejan una realidad preocupante. Durante 2022, el Ministerio Público registró más de 15,000 denuncias por delitos sexuales, abarcando a víctimas tanto menores como adultas. Entre estos casos, los agresores intrafamiliares, como parejas, ex parejas y familiares, representaron una parte importante, evidenciando que el entorno cercano sigue siendo un espacio de alto riesgo. Paralelamente, los agresores conocidos, como colegas, vecinos o profesores, también ocupan un lugar destacado en las estadísticas, aprovechando relaciones de confianza para cometer el abuso. Por otro lado, las agresiones sexuales por desconocidos, aunque menos frecuentes, tienden a ser más denunciadas debido a la violencia explícita involucrada.
Estos datos subrayan la diversidad de los perfiles de agresores sexuales y la necesidad de que los profesionales se perfeccionen en un enfoque especializado que les permita una intervención integral para la prevención, sanción y reparación.
