Hace un par de días, Chile entero y el extranjero se conmocionaba, tras conocerse públicamente un gravísimo caso de maltrato infantil siendo víctima un niño -cuya identidad se reserva- de actuales 13 años en el norte del país. Dentro de los detalles que se conocen públicamente de la investigación, destaca la prensa que la imputada por homicidio frustrado reiterado y maltrato habitual habría sido su “madrastra”, quien detentaba formalmente su cuidado personal otorgado por un Juzgado de Familia.
El compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes
Chile en el año 1990 ratificó la Convención sobre Derechos del Niño (CDN), la cual en su artículo 19.1 establece que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
El maltrato infantil es una de las situaciones más graves de vulneración de derechos y lamentablemente más recurrentes. Así las cosas, se ha detectado un incremento, indicando la UNICEF, que “ha tenido un aumento en los últimos seis años, según los datos de la 2° Encuesta Nacional de Polivictimización (estudiantes entre 12 y 17 años), pasando de un 35% en 2017 a 39% en 2023. El mismo estudio muestra un mayor incremento de la violencia sicológica, manifestada en insultos, pasando de un 28% en 2017 a 35% en 2023”.
De los antecedentes públicos conocidos del caso en comento, más allá de buscarse responsables, estimo que quedan de manifiesto graves falencias en su grupo familiar, la comunidad en general y el sistema jurídico mediante sus distintos operadores. El orden indicado precedentemente no es azaroso, pues claro está que los primeros y principales garantes de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) es su propio grupo familiar, y frente a insuficiencia o negligencias en el ejercicio de sus derechos debe movilizarse la actividad comunitaria y/o estatal en carácter de subsidiario.
Pero, no todo está perdido, en este caso es un elemento destacable, a mi juicio, la acción oportuna de vecinos del niño, quienes denunciaron la situación ante las autoridades respectivas, y tras ello se logró la detención de la imputada y la activación de las redes correspondientes. Es importantísimo que todos y cada uno de los miembros de la comunidad nos constituyamos como efectivos garantes de derechos de NNA, que si bien debemos actuar subsidiariamente al rol que cumple la familia, en caso de graves vulneraciones de derechos o delitos contra NNA debemos ponerlo en conocimiento de la respectiva Policía, Fiscalía o Juzgado respectivo, a fin que se adopten las providencias que
correspondan.
Considero que, una labor fundamental del Estado es lograr la sensibilización de la comunidad toda frente a estas situaciones, mediante políticas de concientización y prevención de prácticas maltratantes, para que todos y cada uno, como miembros de la comunidad, podamos contribuir desde nuestras posiciones a la lucha por la erradicación absoluta del maltrato infantil en nuestro país, el cual lamentablemente más allá de ser una ficción, es una realidad que va en aumento.
Referencias
Laborde, A. (2025, 15 de abril). Golpeados y privados de comida: dos casos de esclavización infantil alertan a Chile. EL PAÍS. https://elpais.com/chile/2025-04-15/golpeados-y-privados-de-comida-dos-casos-de-esclavizacion-infantil-alertan-a-chile.html
UNICEF Chile. (2024, 25 de abril). UNICEF: “Chile mantiene altos niveles de violencia hacia niños, niñas y adolescentes por parte de sus cuidadores principales”. https://www.unicef.org/chile/comunicados-prensa/niveles-de-violencia
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